La política argentina suele entregar-con desafortunada frecuencia-escenas mas propias de una comedia de enredos que lo que debiera ser ejercicio de decoro y mesura de hombres y mujeres con altas responsabilidades ciudadanas. El increíble episodio protagonizado por el gobernador del Chaco, y su (ex ¿) esposa Sandra Mendoza sacude a una opinión pública que ve colmada su capacidad de asombro ante tamaña desavenencia que traspasa la intimidad familiar y se instala como hecho de gravedad política que no hace otra cosa que lastimar todavía más, la debilitada credibilidad que tienen no pocos políticos argentinos. El acontecimiento no puede dejar de relacionarse con lo que parece ser una tendencia aplicada a la política: que los cargos pueden heredarse ó transferirse dentro del exclusivo ámbito familiar como si fueran bienes gananciales de modo de asegurar una permanencia lo más extensa posible. Sucede también que cuando esos vínculos se rompen –como en el caso del Chaco- lo que se instala es el asombro y la desazón entre los ciudadanos. Años atrás cuando Carlos Menem gobernaba el país, un suceso casi calcado provocó un fuerte impacto en la ciudadanía: A Zulema Yoma, su esposa de aquel entonces, se le impidió continuar habitando la residencia de Olivos.
La desavenencia conyugal se trasladó al plano político con la velocidad del rayo.
No hay en nuestra Carta Magna restricción alguna sobre las sociedades afectivas transferidas a lo público. Una república que se precie de tal no debiera necesitar de cláusulas de ese tipo porque sería esperable que las naturales aspiraciones de poder que exhiba cualquier argentino no incluya relacionar sus intereses familiares ò personales con los del bien común que es hacia donde deben dirigir su conducta y sus acciones. Desear que así sea es tarea fácil. Que nuestros hombres públicos lo sean también de honor, es el desafío.