La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó hoy el Decreto 1.602 que otorga la asignación universal para protección social por hijo menor a 18 años. Así se anunció hoy en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Casa de Gobierno y en la que estuvieron presentes gobernadores de todo el país.
Según explicó, «es uno de los instrumentos salariales más redistributivos y justos, porque llega a cada hijo».
«Esto no tiende a competir con el mercado laboral quitando mano de obra: acá el que percibe la asignación cuando consiga trabajo sigue percibiendo la asignación familiar, lo que complementa nuestro programa, que es conseguir trabajo decente para todos los argentinos», aclaró Cristina.
Y agregó: «El trabajo decente, no tengan dudas, es el unico instrumento para erradicar la pobreza».
En ese sentido, manifestó que el objetivo del gobierno que encabeza es «pelear por el trabajo decente, por agregar valor a nuestros productos, a nuestras empresas y al comercio».
«Si yo les dijera que con esto terminamos la pobreza, sería hipocresía o cinismo, y la verdad que ese nunca ha sido mi fuerte», advirtió la jefa de Estado, que detalló que a partir de ahora se incorporarán casi 10 mil millones de pesos para los sectores más vulnerables.
«Si hubieramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, seguramente huibieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más», deslizó.
El programa
La medida abarca a aquellos niños que no perciban otra asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares desocupados o que se desempeñen en la actividad informal.
Se detalló que hasta los cuatro años deberá cumplirse el control sanitario y la vacunación obligatoria, y a partir de los 5 años deberá acreditarse la concurrencia a establecimientos educativos públicos.
El monto de la asignación será de $180 y se cobrará mediante una caja de ahorro del titular en el Banco Nación, con una tarjeta sin costo alguno.
La administración estará a cargo del Anses, sujeta al control de la Comisión Bicameral de control de los fondos de la Seguridad Social.