Ayer hubo una reunión entre la CGT y la Presidenta de la Nación. En público al menos, no hubo ni una palabra sobre el reclamo que le hace Hugo Moyano a la Ministra de Salud Ocaña sobre más de 2500 millones de pesos que supuestamente aquella debe transferir a las obras sociales desde el (APE) esto es la “administración de Programas Especiales”.
¿Cuál es el trasfondo de esta situación?, ¿Por qué Moyano vincula indirectamente esta cuestión con el poner a disposición de la Presidencia las obras sociales para combatir el Dengue?¿De que se trata esta ofensiva contra la Ministra de Salud?.
Primero si algo ha tenido la Ministra Ocaña es coraje para operar con transparencia y combatir los desvíos de los fondos que corresponden a Salud hacia otros fines. Como se sabe durante mucho tiempo en el PAMI, y en obras sociales Provinciales así como en el sistema de las obras sociales sindicales hubo una fuerte intermediación en el manejo de los fondos. Aparecían empresas “gerenciadoras” de los recursos que procedían a pagar por cápita a los prestadores con dos efectos inmediatos: por un lado el achicamiento de los fondos disponibles para pagar las prestaciones por los porcentajes que retenían las gerenciadoras y por el otro el efecto negativo sobre la remuneración al saber clínico y la consiguiente caída de calidad en la atención con la creación de listas de espera, cobertura prestacional disminuída etc. La Ministra Graciela Ocaña combatió ese desperdicio y ha buscado ahorrar dinero por ejemplo centralizando compras todo lo cual repercute sobre los intereses de grupos que nada tienen que ver con la relación médico paciente sino que los convierte a estos últimos en variables de ajuste de un sistema con fuertes distorsiones asignativas en los recursos.
Segundo, el sistema de salud Argentino envía el 10 % de los aportes y contribuciones a un fondo de siniestralidad catastrófico esto es para subsidiar aquellos procesos de atención que son de baja frecuencia y alto costo. Esta es una estrategia adecuada y que se utiliza en muchos países. La razón de ser radica en que la distribución de los costos prestacionales en salud tienen una característica saliente, existe una relación 30-70 aproximadamente, donde el 30 % de los pacientes son responsables del 70% de los costos, y a la inversa, la mayoría de los pacientes gastan una minoría de los recursos. La siniestralidad catastrófica entonces, refiere a aquellos eventos con costos aplastantes, que por otra parte que deben ser subsidiados pues responden a una aleatoriedad en su distribución de frecuencia que no puede ser alterada simplemente mediante cambios en los hábitos de vida o el aumento de la prevención.
Tercero en la década de los noventa una estimación del monto de subsidios que se repartían desde estos fondos alcanzaban aproximadamente a 1000 dólares cada 30 segundos lo que implica un poder financiero nada despreciable. Como la distribución se hacía por expedientes y en base al poder de discreción de quienes los administraban se convertía en una herramienta de influencia política fenomenal. El decreto 292/95 intentó convertir la distribución de esos fondos en algo automático ajustando las cápitas individuales que le correspondían a cada obra social para que ninguna de ellas tuviera un aporte inferior a una suma dada por grupo familiar. Esa tentativa de eliminar la discreción en el reparto de fondos creó una gran resistencia sindical y terminó por ser abandonada.
Cuarto la historia de la falta de transparencia en el manejo de los fondos y el no envío de la información tiene también larga data. En los 90s se exigía que la Administración Nacional del seguro de salud explicitara a que obra social iban destinados los subsidios antes de proceder a las transferencias siguientes. Esto generaba gran tensión entre los sindicalistas y el Ministerio de Economía. Todo se resolvía al final con la reunión de los sindicalistas con el Presidente de turno hasta que llegaba la orden de transferir. La cuestión se resolvía como decían los propios sindicalistas tomando mate con el “número uno” (“number one” en las propias palabras de los dirigentes sindicales de la época).
La cuestión del conflicto Moyano-Ocaña entonces, contra el paño de fondo que dan los párrafos anteriores tiene una historia, una continuidad y un único resultado: los Ministros pasan y el poder sindical permanece. De esta forma lo que cabe esperar es ver si la transparencia y ataque a los desvíos de fondos fuera del sector de la salud que ha sostenido la Ministra es respaldada por la Presidencia de la Nación . Si Ocaña es eliminada de su destino actual entonces quedará claro que en el nombre del Dengue se habrá respaldado una vez más la caja sindical.
Dr Roberto Tafani