A propósito de distintas afirmaciones de funcionarios del Gobierno nacional en relación al conflicto campo-Gobierno, expresadas en nuestro medio por el diputado Alberto Cantero, conviene efectuar algunas aclaraciones:
La verdad construye
1. Las entidades nacionales del campo no se retiraron del diálogo. Fueron ferozmente traicionadas por el jefe de Gabinete, quien se comprometió a incorporar a la agenda el tema de retenciones móviles y autorizó (incluso, convino la forma) que tal punto se anunciara públicamente y luego por orden de sus “superiores”, lo desmintió. Participaban 12 personas en la reunión que así lo confirman.
2. Que la Presidenta ha efectuado un llamado al diálogo, tampoco es cierto. En un acto político partidario revalorizó el diálogo como método de resolver conflictos, pero se niega a hablar sobre las retenciones móviles (de “eso” no se habla), conforme lo afirman los funcionarios. Si nos invitan a dialogar pero no sobre lo que necesitamos hablar, que es el centro del conflicto, no hay duda que la convocatoria al diálogo es… falsa.
Polémico proyecto
3. So pretexto de garantizar el abastecimiento del mercado doméstico, el Gobierno ha efectuado una gravísima intervención de los mercados con medidas arancelarias y para arancelarias, generando gran imprevisión en el sector por falta de reglas estables. Esta intervención en los mercados ahora se intenta profundizar con el proyecto de ley que auspicia el diputado Alberto Cantero, el cual ha generado verdadero estupor en el sector agropecuario.
Dicho proyecto crea el mega organismo burocrático (EMPYCCAA) que en su artículo 2º inciso e), dispone que, entre otras acciones, el mentado ente podrá: “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimenticios por sí o por terceros, para estabilizar precios o garantizar la seguridad alimentaria de la población argentina” (sic). Esta norma en manos de funcionarios inescrupulosos (léase Guillermo Moreno, Alberto Fernández, Luis D’Elia, los hay a montones) faculta al Estado y a los terceros amigos del poder (que hasta ahora se han beneficiado a manos llenas), a adquirir la totalidad de nuestra producción (so pretexto de la seguridad alimentaria de la población argentina, lo cual suena muy lindo) y negociarla como mejor les convenga. Sin perjuicio de la grave inseguridad que la norma genera, el proyecto contiene otros objetivos que no son más que expresiones de anhelo, de imposible aplicación práctica, como por ejemplo equilibrar los conflictos de las cadenas agroalimentarias o las ganancias de los distintos actores, etcétera, etcétera, cuestiones que debemos resolver los interesados y no el Estado que, cuando se mete, provoca los desaguisados que estamos viviendo.
4. Si existe un adalid en la contratación de personal o en el pago de sobresueldos en negro a su personal es el Estado nacional y el diputado Cantero, como legislador oficialista a ultranza, no conozco que haya presentado ningún proyecto a fin de corregir esta situación que compromete el futuro previsional de miles de trabajadores estatales, situación que convalidó en sus anteriores funciones ejecutivas.
Por ello, decimos que un legislador puede ser oficialista, pero debe propender a corregir las políticas que el Ejecutivo diseña cuando son perjudiciales para grandes sectores de la comunidad que representa. Por ello el título del artículo: La verdad construye, pero ojo… la mentira destruye.
Delfor Maldonado
Delegado en CRA.