La polémica generada por el numeroso pedido de licencias que comenzaron a hacerse efectivas entre funcionarios y concejales para sumarse a la campaña, pone en debate la legalidad y la legitimidad de las decisiones.
Por Pablo Callejón – Las diferencias en las fechas destinadas a las elecciones provinciales, nacionales y municipales estuvieron vinculadas a la especulación política, pero tienen como fundamentación entre los dirigentes que respaldan la medida “que la ciudadanía no confunde que debe votar y a quienes”.
La justificación contrasta con las listas sábanas y las complejas alianzas y sumatoria de votos que, de todos modos, provocan un engorroso escenario.
Otras de las problemáticas consecuencias de la separación de fechas es la postulación de quienes decidieron romper el contrato con sus votantes y dejan sus cargos en busca de una nueva candidatura. Un año antes de que se defina la realidad local, al menos 10 dirigentes de la ciudad, entre quienes se encuentra el intendente, secretarios, subsecretarios y ediles, estarán ausentes durante un mes por licencia, y en caso de ser electos, abandonaran sus lugares casi un año antes de su vencimiento.
La primera decisión de convertirse en candidatos condiciona a las otras, vinculadas a la necesidad de estar campaña. De hecho, los postulantes y el resto hace varias semanas que electoralizaron sus acciones y discursos.
Pero, en un hecho inédito por el número de implicados, desde la primera semana de agosto una decena de funcionarios harán uso legal del beneficio de la licencia.
La situación, ampliamente rechazada por los vecinos no generará marchas ni acciones de repudio, aún cuando sume puntos en contra de la concepción generalizada sobre las actitudes de los políticos.
Pese al cuestionamiento inicial, la licencia parece la medida adecuada para blanquear una situación que solo necesita formalizarse y evitar que se haga usufructo de medios del Estado para beneficio partidario, algo que resulta imposible de erradicar definitivamente.