El pasado fin de semana Laura Toraccio, de 35 años y con cuatro hijos, falleció en la vía pública porque el servicio de emergencias no quiso asistirla. Desde la empresa de salud se adujo que no tenía carnet blanco ni obra social.Laura sufrió un paro cardiorespiratorio como consecuencia de una convulsión epiléptica según lo manifestado por la médica forense que realizó la autopsia. El Secretario de Salud municipal, Miguel Minardi, dijo que la empresa no estaba obligada desde lo contractual a asistir a la víctima aunque tenía «responsabilidad moral y ética». «Nadie puede morir por ser pobre o no tener una cobertura, pero lo cierto es que la empresa solo debe asistir por contrato a los beneficiarios del carnet blanco o quienes tengan obra social».
La familia de Laura Toraccio no encontraba respuestas a la negligente realidad contractual de un estado que no asiste a sus enfermos y de la rigidez legal que excluye la vida de un pobre.
Uno de los responsables de la empresa San Lucas, quien era adjudicataria del sistema de emergencias municipal, deslindó responsabilidades y dijo que: «el sistema es perverso y estamos inmersos en un sistema. Los límites son muy claros, o estas dentro o estas fuera. Quien presta el servicio puede tener el sentido común de asistir o no a una persona, pero lo que nadie puede negar es que está aplicando lo que dice el contrato».