La Legislatura suspendió el Consejo de la Magistratura y reestablecieron la Comisión Asesora para la designación de magistrados.La Legislatura unicameral de Córdoba sancionó la ley de emergencia judicial que, como punto más relevante, suspende al Consejo de la Magistratura y restablece la Comisión Asesora para la designación de magistrados.
La norma, que regirá hasta el 12 de julio de 2003 aunque puede ser extendida o reducida por única vez por el Ejecutivo, se aprobó anoche con el voto de Unión por Córdoba (UPC) -la alianza de gobierno encabezada por el PJ-, y el rechazo de toda la oposición.
El oficialismo pudo imponer su mayoría al abstenerse cinco legisladores menemistas que responden al diputado nacional Oscar González, además del menemista ex delasotista Julio Tejeda y la vecinalista Beatriz Lizio.
Por su parte, al voto en contra se sumaron el justicialista disidente Horacio Obregón Cano (foto) y la representante de la Ucede Luz Remedi, mientras que al oficialismo se sumó el vecinalista Kasem Dandach y estuvo ausente el oficialista Roberto Urquía.
La Comisión Asesora que reemplazará al Consejo para designar magistrados estará integrada por siete miembros, de los que cuatro serán designados por el poder político.
El oficialismo impulsó la emergencia judicial después que el Tribunal Superior de Justicia, el máximo organismo judicial de la provincia, suspendiera la aplicación de la ley 9.051, que confirmaba a jueces y fiscales sustitutos sin rendir en el Consejo de la Magistratura.
El titular del bloque de UPC, Francisco Fortuna, defendió la iniciativa, indicando que «esta ley viene a subsanar una situación creada por el propio Poder Judicial», y aseguró que «no arriamos la bandera del Consejo de la Magistratura».
Fortuna sostuvo también que el gobernador, José Manuel De la Sota, «va a tener con el orden de mérito de la Comisión la misma actitud que ha tenido con el del Consejo, y pronosticó que la Comisión «funcionará normalmente».
Por su parte, el justicialista disidente Obregón Cano, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, juzgó que la sanción de la nueva ley «es un evidente retroceso para la provincia de Córdoba».
«Buscábamos otorgar rango constitucional al Consejo de la Magistratura y hoy volvemos a cero» lamentó el legislador, y remarcó que la suspensión del Consejo «borra todo lo realizado durante los últimos años en pos de la independencia del Poder Judicial».