El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aceptó el recurso de amparo interpuesto por cuatro abogados contra los efectos de la ley que posibilita confirmar en sus cargos a jueces sustitutos, obviando los exámenes ante el Consejo de la Magistratura.El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aceptó hoy el recurso de amparo interpuesto por cuatro abogados contra los efectos de la ley que posibilita confirmar en sus cargos a jueces sustitutos, obviando los exámenes ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión del Tribunal fue en el marco del pedido de inconstitucionalidad planteado por cuatro abogados, quienes argumentaron que la posibilidad de confirmar en sus cargos a jueces sustitutos obviando los exámenes en el Consejo de la Magistratura viola el principio de igualdad ante la ley y el de quienes van a ser designados sin haber acreditado su idoneidad.
El aludido recurso fue interpuesto pocas horas después que la Legislatura provincial aprobara ese instrumento legal durante la escandalosa sesión del miércoles 23 del corriente, donde el bloque oficialista de Unión por Córdoba logró imponer su criterio merced al cuestionado voto de dos legisladores vecinalistas.
La sanción de la ley, que fue impulsada por el gobernador, en uso de licencia, José Manuel de la Sota, generó duras críticas por parte del Colegio de Abogados de Córdoba y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, cuyas autoridades retiraron sus representantes del Consejo.
El Consejo de la Magistratura fue creado por De la Sota en el primer tramo de su gestión gubernamental, por entender que así se garantizaría la idoneidad de los jueces y fiscales a designar, quitándole al Poder Ejecutivo la facultad de decidir quiénes ingresaban o no a la justicia.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior, el titular del Colegio de Abogados, Enzo Stivala, explicó a la prensa que interpusieron la medida cautelar para «cuestionar la validez constitucional» de la ley.
«En función de ello -agregó- se ha suspendido la aplicación de determinadas cláusulas de esa norma legal, principalmente la que facultaba al Ejecutivo a enviar los pliegos de los sustitutos que tuviesen más de un año en función».
Puntualizó que al aceptar el recurso, el Tribunal tuvo por acreditada «la verosimilitud del derecho que hemos invocado y se ha considerado como razonable la urgencia, que también la habíamos invocado»:
«Poner en marcha la ley con una acción de inconstitucionalidad planteada y permitir que se consagren derechos a través de designaciones o de funcionamientos de un concurso en base a esta ley manifiestamente inconstitucional, hubiera causado perjuicio no sólo a los participantes sino al interés público de la sociedad», señaló Stivala.
Tras precisar que la decisión del alto tribunal «es una medida cautelar hasta tanto se decida sobre la cuestión de fondo: el planteo de inconstitucionalidad», Stivala ratificó su intención de llegar «hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación» si es necesario.